La terrible crisis socio-económica que estamos sufriendo (que tuvo su origen en la amenaza de una quiebra del sistema financiero) está poniendo en jaque al Estado social y a los derechos sociales. Sin embargo, la garantía de los derechos sociales, que son derechos humanos, constituye una obligación jurídica para los poderes públicos.
Por consiguiente, las administraciones y los poderes públicos, empezando por los de la Unión Europea han de llevar a cabo políticas económicas, presupuestarias, financieras, fiscales y sociales que permitan la protección, el mantenimiento y la sostenibilidad de los derechos sociales.
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