Las leyes sobre transparencia de la actividad política que se han aprobado en los últimos años intentan poner freno a la corrupción generada, entre otras causas, por los deficitarios mecanismos de control que regulan y se aplican a la financiación de los partidos políticos. La reciente Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno promulgada en el 2012 en España tiene por delante un reto difícil en este sentido, sobre todo si no va acompañada de una voluntad clara para su aplicación, así como de las necesarias reformas que la complementarían positivamente en el ámbito de la financiación de las formaciones políticas.
In recent years several laws on transparency of political activities have been adopted in order to control the political corruption which emerges as a consequence, among other, of the lack of efficient control mechanisms for the political party funding. The Spanish law on transparency, public access to information and good governance approved in 2012 faces several challenges in this regard, especially if it will not be accompanied on the one hand by a clear will for its implementation, as well as, on the other hand, by the necessary reforms related to the political party funding.
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