Estamos en una situación crítica del Estado, en el que se debe, no solo, reestructurar el sector público, sino reducirlo a lo mínimo imprescindible. Y como consecuencia de ello también acabar con las personificaciones jurídico-privadas, que en los últimos años sirvieron para crear una «Administración paralela», al margen de controles administrativos y que han sido una auténtica fuente de deudas millonarias con pésimo o nulo rendimiento económico y sustentadas, finalmente, por todos los ciudadanos.
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