En la década de 1990 los servicios públicos domiciliarios en Colombia pasaron por una reforma importante: se permitió la entrada del sector privado y se le dio participación a los usuarios en la vigilancia y control de estos servicios. Pero, dada la dimensión colectiva y el carácter monopólico que tienen la mayoría de estos servicios, fue necesario introducir una serie de mecanismos institucionales que permitieran al usuario defender su bienestar. El artículo analiza, a través del modelo de Salida, voz y lealtad propuesto por Albert O. Hirschman, los desarrollos institucionales, mostrando los avances y carencias que tiene el sistema en este sentido. El trabajo enfatiza en la opción de Voz como la única defensa real que tienen los usuarios ante fallas en el sistema y presenta algunas propuestas de reformas.
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