La respuesta de la economía colombiana ante la incongruencia entre el sistema educativo y el mercado de trabajo ha sido, sólo secundariamente, el desempleo, especialmente en el caso de los profesionales. Durante el decenio de 1970, tanto el deterioro de los ingreso relativos de los trabajadores con educación superior como la sustitución de fuerza de trabajo menos calificada por una de mayores niveles educativos –al menos en ciertos sectores económicos o en ciertos niveles urbanos- permitieron al sector privado absorber el mayor contingente de trabajadores con educación superior. Para los próximos años se prevé que al menos uno de cada tres trabajadores adicionales, en las cuatro grandes ciudades colombianas (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) tendrá alguna educación superior, lo que acentuará la presión sobre el mercado laboral. Las recomendaciones que surgen de esta situación se refieren a varios aspectos: en primer lugar, no debe darse una restricción al crecimiento del sistema universitario y se debe, más bien, controlar la proliferación de programas de mala calidad; segundo, estimular la creación de mayores puestos de trabajo, en especial, aquellos que utilizan más intensivamente mano de obra con educación superior; es conveniente ampliar los gastos en los servicios sociales del Estado que cumplen el doble objetivo de absorber mano de obra profesional y de ser altamente redistributivos; también se hacen recomendaciones sobre el papel futuro de ésta en áreas claves de la economía colombiana, como el comercio exterior, el sector de ciencia y tecnología, y sobre la financiación del sistema universitario colombiano.
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