Cuando entró en vigor la Ley concursal en septiembre de 2004, una de las principales novedades fue la de unificar en un solo procedimiento y ante el juez mercantil tanto las insolvencias de sociedades mercantiles como de personas físicas. Diez años después de la entrada en vigor de la Ley, y visto el impacto que ha tenido la crisis económica en la situación de cientos de miles de familias, conviene evaluar si el procedimiento concursal ha resultado útil para afrontar las imposibilidades de pago de los particulares. La evaluación debe ser muy negativa. La ley Concursal contiene pocas menciones que puedan ser realmente útiles a los particulares, y ninguna de las reformas de los últimos 10 años ha permitido ofrecer a las familias un marco adecuado para afrontar su situación de crisis y paliar los efectos de la misma.
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