Resumen de ¿Es el mundo un lugar mejor para los niños?
Carmelo Angulo Barturen, Marta Arias Robles
Se cumplen 25 años de la Convención de los Derechos del Niño y pese a progresos evidentes en educación, salud y protección legal, la infancia sigue siendo el colectivo más vulnerable en países en conflicto, zonas rurales, también en los países ricos.
Vivimos en un mundo fascinado por la tecnología, en el que a veces pareciera que depositamos en teléfonos, computadoras y robots nuestras esperanzas para solucionar todos los problemas del planeta. Pero, por mucho que avance la inteligencia artificial, nadie podrá negar que las personas son el impulso del desarrollo y lo que determina el verdadero avance de la civilización. Todas las personas. Dependiendo del grado de protección y reconocimiento que se le otorgue a los derechos de los ciudadanos, estos podrán maximizar sus posibilidades y contribuir a la evolución de la sociedad en su conjunto.
Esta afirmación, histórica ya cuando pensamos en los adultos, es un reconocimiento mucho más cercano en el tiempo en el caso de los niños. De hecho, los menores de 18 años no fueron reconocidos como ciudadanos plenos hasta 1989, hace ahora 25 años. Cuentan los estudiosos que antes de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) se llegó a recurrir a legislación protectora de animales para tratar de ofrecer, a niños víctimas de la violencia, una cobertura que la ley no contemplaba. La CDN es el primer instrumento internacional de derechos humanos que reconoce a los niños como sujetos independientes de derecho y no como objetos de asistencia y caridad, transformando así la percepción social en torno a ellos. Reconoce que la infancia tiene derechos inalienables, articulados en torno a unos principios básicos comunes para todos, independientemente de su raza, género, origen o religión.
Su ratificación casi unánime la convirtió en única, por su carácter universal y por el incomparable acuerdo que supuso entre las naciones del mundo. Los 194 países firmantes asumieron la obligación de cumplir con sus principios y rendir cuentas de su aplicación ante el Comité de los Derechos del Niño y, a través suyo, ante toda la humanidad.
