La sociedad colombiana ha experimentado en los últimos años un acelerado proceso modernizador. La Constitución de 1991 creó condiciones para la democratización política, la participación ciudadana y el pluripartidismo, contribuyendo a superar la crisis del excluyente régimen político heredado del Frente Nacional [Aguilar 1994]. La creciente exposición a la competencia internacional, iniciada con la administración Barco, propició cambios en el comportamiento de los agentes económicos, indujo procesos de reconversión industrial y abrió a la competencia privada espacios tradicionalmente reservados a la acción estatal.
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