Desde el primer tercio del siglo actual Navarra se dotó de un ordenamiento positivo propio, de carácter global e integrador, para regular su administración local. Sobre el Reglamento de Administración Municipal de 1928 pesó el sentimiento de la reintegración foral que se vivía en la época y su promulgación contribuyó, en parte, a la recuperación de las viejas instituciones.
El nuevo orden político y jurídico, unido a los principios de autonomía y suficiencia financiera, han hecho revisar algunas viejas tesis a fin de acomodar el régimen local navarro a las nuevas demandas exigibles de los poderes locales.
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