Marina Fontela Sanz, Víctor M. Blanco Delgado
No es noticia que los juzgados y tribunales españoles se encuentran actualmente colapsados y que continúa siendo deseable una ansiada modernización de la Justicia capaz de aliviar la enorme carga de procedimientos soportados por cada órgano judicial. Esta situación, lejos de ser solucionada, se ha visto acrecentada en los últimos tiempos, como consecuencia del aumento exponencial de los procedimientos civiles bancarios. Desde las clásicas reclamaciones de cantidad y ejecuciones hipotecarias, hasta los más modernos procedimientos relativos a cláusulas suelo, permutas financieras de tipos de interés, participaciones preferentes, bonos y productos estructurados, etc. Diversidad de pronunciamientos judiciales, la mayor parte contrarios a las argumentaciones de las entidades financieras, medios de comunicación y actuaciones de asociaciones ciudadanas y de consumidores y usuarios, fomentan la existencia de una dura opinión pública acerca de este tipo de procedimientos, que muchas veces choca de frente con lo dispuesto en nuestro propio ordenamiento jurídico. En el presente trabajo, tratamos de dar una visión crítica, diferente y, sobre todo, descontaminada del clamor ciudadano que parece haberse instalado contra las entidades financieras, acerca de este tipo de procedimientos, centrándonos en algunos puntos que son doctrinal y jurisprudencialmente controvertidos y, en todo caso, de gran actualidad y que afectan conjuntamente a distintos procedimientos civiles bancarios.
It is not news that Spanish Courts are currently overcrowded, and that a long-awaited modernization of justice, able for lessening the legal proceedings burden of each court, is still desirable.This, far from being solved, has been increased in recent times as a result of the increase on banking litigation. From the classical quantity claims and foreclosures, to modern procedures of floor clauses, interest rate swaps, bonds and other structured products, etc. The diversity of judicial pronouncements, most of them contrary to the line of argumentation of banks, media, citizens’ associations and actions of consumers and users, encourage a harsh public opinion regarding these procedures, which often collide with the provisions of procedural law. Through this article, we try to give a different point of view, focusing on some doctrinal and jurisprudential controversial points that are jointly affecting various litigation proceedings.
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