Las normas que regulan y desarrollan el uso de espacios protegidos, particularmente de Red Natura 2000, encierran enormes limitaciones, restricciones y prohibiciones sobre terrenos de propiedad privada y derechos previamente consolidados, contraviniendo la obligación que, tanto la normativa europea como el Tribunal Supremo, establecen de contemplar compensaciones; dar participación y audiencia a los interesados y afectados, así como delimitar por coordenadas las zonas protegidas e incluir un Plan de Desarrollo Sostenible, entre otros incumplimientos.
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