Principio de legalidad y criterio gramatical como límite a la interpretación de la norma penal

• Autores: Pilar Gómez Pavón, Miguel Bustos Rubio
• Localización: Revista penal México, ISSN 2007-4700, Nº. 6, 2014, págs. 169-190
• Idioma: español
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• Resumen
  • español

    El principio de legalidad ha generado auténticos ríos de tinta a lo largo de la historia de la dogmática penal. En la actualidad, sectores autorizados apuntan a una verdadera situación de crisis respecto del mencionado principio, que habría perdido gran parte de su esencia quedando en mero papel mojado. En el presente trabajo los autores abordan la exégesis del principio de legalidad desde una perspectiva práctica, identificada en la actividad interpretativa que corresponde a jueces y tribunales y, en concreto, en el criterio gramatical de interpretación de la norma como límite máximo a dicha actividad. Desde un fundamento esencialmente político del principio de legalidad penal, en este artículo se analizan cuestiones tales como la posibilidad de interpretación analógica, las aportaciones de las definiciones legales (cada vez más utilizadas por el legislador) o las denominadas “interpretaciones literales” en Derecho penal. Todo ello sin perder de vista la imbricación que ostenta el tema con el Derecho constitucional.

  • English

    The rule of law has given rise to rivers of ink throughout the history of criminal dogma. Currently, authorized sectors refer to a crisis in this principle, which allegedly lost much of its essence and resulting in mere dead letter. This paper deals with the exegesis of the rule of law from a practical perspective, identified in the interpretative activity which is the responsibility of judges and courts and, particularly, in the guidelines of grammatical interpretation of the standard as a top limit of such activity. From an essentially political basis of the rule of law principle, the author examines issues such as the possibility of analogical interpretation, the contributions of legal definitions (increasingly used by policy makers), or the so-called “literal interpretations” in criminal law, without ignoring the interdependence between this issue and constitutional law.