La política científica es reconocida, desde hace ya tiempo, como una especialidad imprescindible en toda nación desarrollada que aspire a mantener un nivel científico "adecuado", necesario, a su vez, para conservar su competitividad industrial. España no es una excepción a tal regla. Ahora bien, no es extraño que en una nación con escasa tradición de política científica esta especialidad se entienda en formas excesivamente limitadas.
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