El presente trabajo tiene por objeto analizar si la doctrina del Tribunal Constitucional respalda la política legislativa de extender las tasas judiciales en el modelo propuesto. La Ley 10/2012, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, se adecúa plenamente al art. 119 CE pero adolece, en esencia, de inconstitucionalidad, al suponer un obstáculo desproporcionado e irrazonable al acceso a la jurisdicción. La desproporción se manifiesta no sólo por la excesiva cuantía de las tasas, sino por el ámbito subjetivo universal de que es objeto de aplicación.
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