En el año 2003 se publicó la Ley de Arbitraje, que regula los procesos en los que tiene lugar la intervención de un tercero, designado por las partes, para resolver las controversias entre ellos. Desde entonces han ido aumentado los supuestos de sometimiento a este procedimiento que el Tribunal Constitucional ha calificado como «equivalente jurisdiccional». Pero la institución arbitral viene de antiguo, ya en el Derecho Romano se tenía noticia de la existencia e intervención de árbitros para la solución de conflictos, que ha seguido existiendo a lo largo de nuestra historia y fue recogida con claridad en la Constitución Española de 1812. En la actualidad, el sometimiento de los problemas que puedan surgir en el ámbito agrario a la solución arbitral, resultaría beneficioso desde el punto de vista de la economía y celeridad procesal
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