El presente artículo pretende reseñar las principales transformaciones en materia de violencia y criminalidad ocurridas en los últimos lustros en Uruguay. Si bien la comparación regional coloca a este país en un lugar favorable, la realidad muestra deterioros importantes tanto a nivel de la integración social como de las capacidades institucionales para garantizar protección y seguridad. Del mismo modo, se busca una caracterización sintética de la institucionalidad del sector seguridad en el Uruguay, en el cual se destacan un Ministerio del Interior “policializado” y una Policía Nacional desafiada por una vieja matriz de gestión y por la consolidación de la privatización de la seguridad. Por fin, el artículo avanza en descripciones sobre las peripecias de los gobiernos del Frente Amplio (2005-2014) en la gestión de las políticas de seguridad. En este punto se señalan algunas rupturas y continuidades que se dieron durante la presidencia de Tabaré Vázquez, y se enfatiza el giro conservador en clave de “populismo penal desde arriba” y “gobierno a través del delito” bajo la gestión de José Mujica
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