Hace ya algún tiempo el diario "El País" publicaba un artículo sobre el narcotráfico en el que su autor, Hugo Sagobal, afirmaba que controlar el tráfico de estupefacientes tendría que ser, al menos desde una perspectiva teórica, un asunto relativamente sencillo. Escribía Sabogal que, dado que se sabe con meridiana exactitud dónde se producen las drogas, y dado, también, que se tienen identificadas las rutas empleadas por los narcotraficantes para transportar sus productos hasta los mercados de consumo -conociéndose, incluso, los lugares de penetración del contrabando-, una campaña represiva y sin cortapisas políticas destinada a desmontar los centros neurálgicos de producción y comercialización podría neutralizar parte del problema. Pero a ello se anteponen los reparos diplomáticos y las dificultades, insalvables en ocasiones, que se derivan de los marcos jurídicos de los distintos países. Esos escollos que obstaculizan las "soluciones quirúrgicas" son, por cierto, consustanciales a los Estados de derecho; en éstos cualquier actuación, para ser lícita, debe estar fundamentada y amparada por la ley. Consecuentemente, concluía el autor, la batalla contra las drogas "debe seguir librándose, engorrosa y pacientemente, en los tribunales, y no sólo en abstracto, sino con numerosísimas pruebas en la mano".
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