En el año 2011, se dio una de las reformas constitucionales más importantes en México, en materia de Derechos Humanos, creando un nuevo paradigma para la aplicación del derecho a nivel nacional, bajo los parámetros impuestos por los instrumentos jurídicos internacionales; esto implica una nueva forma de administración de la justicia, sobre todo en el área de justicia penal, ya que implica que la administración de justicia tenga que apegarse, además de la protección a los derechos humanos en el ámbito interno, a la normativa internacional codificada en los tratados internacionales y a la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fortaleciendo de esta manera, el principio pro homine; lo anterior demuestra que México está en un proceso evolutivo en cuanto a la protección de los Derechos Humanos, sobre todo en la aplicación de las garantías judiciales que se encuentran contempladas en los tratados internacionales de Derechos Humanos, ya que dichas garantías son sumamente necesarias para otorgarle certeza jurídica a cualquier ser humano que esté inmerso en un proceso judicial.
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