Si la Ley Federal de Acceso a la Información Pública va en serio, y si la plomería documental de la policía política no ha sido rasurada en exceso para proteger a altos personajes del poder, y si se tiene la paciencia y la escrupulosidad para escarbar y detectar indicios de presuntas o seguras responsabilidades en los anaqueles de la DFS entregados al Archivo General de la Nación, entonces podría reforzarse la exigencia de reabrir el Caso Buendía
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