La promulgación del Reglamento del 10 de octubre, tanto en lo político como en lo jurídico, arroja un saldo negativo para los sectores que esperaban, no sin las reservas del caso, resoluciones positivas en algunos de los muchos temas y problemáticas de los medios electrónicos en México puestos sobre la Mesa de Diálogo. Es claro que tal episodio, resultado de un acuerdo secreto comparable sólo con las maniobras priístas de un pasado aparente, que hoy confirma la permanencia de sus viejas estructuras en la cúpula del poder, conlleva una cuantiosa pérdida social desde varios frentes y rubros.
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