Desde una perspectiva de la denuncia social podemos definir las fronteras como el espacio privilegiado de las inequidades sociales. Son en estas zonas donde las desigualdades injustas se hacen más extensas y más profundas, violando el conjunto de derechos humanos que en materia social, política, económica y cultural debe garantizar el Estado social de derecho. El predominio de una visión restringida de la frontera como zona roja torpedea las posibilidades de una política pública integral de atención a estas zonas que desde la perspectiva de la interculturalidad y su respectivo dialogo cultural, promueva estrategias para el aprovechamiento de las ingentes potencialidades presentes en la zona para el desarrollo y bienestar de estos pueblos. Hasta ahora, hemos carecido de una política pública integral fronteriza que atienda a los más elementales derechos humanos, pensada en elevar la calidad de vida de los habitantes de frontera por medio de estrategias de desarrollo fronterizo que dinamicen las actividades político-administrativas, económicas, sociales y culturales, que atienda a la realidad socio-geográfica de la frontera. El imperativo bioético del Trabajo Social nos reclama la activación en los espacios fronterizos de nuestros distintos roles como agentes de transformación social. Que podamos a través de nuestras funciones comprender los elementos que subyacen en la lucha reivindicativa de los pueblos de frontera, de sus capacidades y potencialidades para la conquista sus derechos, para reorientar las políticas públicas a las características específicas de la frontera.
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