Entre febrero de 2012 y febrero de 2015 se han promulgado veintidós disposiciones con rango y fuerza de ley, encaminadas todas ellas a transformar en profundidad el mercado de trabajo en España. Esta sucesión de cambios legislativos efectuados sobre los principales cuerpos legislativos socio-laborales ha instalado en la incertidumbre jurídica al ordenamiento laboral español, algo preocupante y poco recomendable.
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