A menudo se suceden intervenciones en las que los agentes de la Policía se enfrentan a personas que o bien padecenalgún tipo de trastorno mental o bien están bajo los efectos de sustancias que alteran su percepción de la realidad y también pueden ser pacientes con alteraciones del tipo de la demencia o el alzhéimer.
Especialmente delicadas son las intervenciones con suicidas, tan peligrosas para la victima como para los intervinientes, tanto para la integridad física como por las consecuencias legales.
¿Cómo debemos trabajar en colaboración con los recursos sanitarios en este tipo de situaciones? En este artículo se pretende analizar todas esas cuestiones, evitando los serios problemas legales que puede reportar una mala praxis en servicios en los que se restringe la libertad deambulatoria de una persona, especialmente si no ha delinquido.
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