Con la entrada en vigor en octubre de 2015 de la Ley 4/2015, que regula el Estatuto de la Víctima, el protagonismo de la víctima va a ser mucho mayor, recuperando algunos de los derechos que perdió cuando el Estado asumió el derecho a la ejecución de la pena. Este avance legal es positivo puesto que refuerza los derechos de las víctimas, al ofrecerles mayor apoyo y protección, así como facilitándoles los medios para contribuir a su reparación material y su recuperación personal. Con el Estatuto de la Víctima se cierra un ciclo en el reconocimiento de los derechos de ésta, pero nos parece un proceso inconcluso puesto que siguen habiendo espacios penales y penitenciarios cerrados a su intervención.
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