La ausencia de regulación de la profesión del conservador-restaurador de bienes culturales sitúa a la misma en un estado de indefensión permanente. Por extensión nuestro patrimonio, de innegable interés general, se encuentra efectivamente desprotegido ante intervenciones inadecuadas. Las normativas que protegen este patrimonio a nivel estatal y autonómico no establecen ni las competencias básicas ni las responsabilidades que un conservador-restaurador debe tener. Frente a un panorama en el que coexisten diferentes titulaciones, numerosos casos de intrusismo suponen un deterioro incalculable del valioso patrimonio cultural español.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados