La recientemente aprobada Directiva 2014/104/UE (�Directiva de daños�) se propone armonizar, entre otros extremos, las condiciones en que las víctimas de daños derivados de ilícitos concurrenciales pueden acceder a información relevante para ejercitar fundadamente sus acciones indemnizatorias contra los infractores. La orientación final del instrumento normativo se ha decantado por soluciones de compromiso que habrían de asegurar el delicado equilibrio entre la efectividad del private enforcement y el éxito de los programas de clemencia en la lucha contra los cárteles. Sin embargo, la complejidad del sistema finalmente arbitrado permite augurar no pocas dificultades en la elaboración de las normas domésticas de transposición. Este trabajo ofrece una primera aproximación al panorama abierto por la norma comunitaria y explora fórmulas para la transposición de la Directiva en el ordenamiento español.
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