El arbitraje institucional es aquel en el que por voluntad de las partes se encomienda a una institución especializada la administración del arbitraje. En este sentido, en contraposición al arbitraje ad hoc, en el que se nombran árbitros por las partes determinados para cada caso, el arbitraje institucional se caracteriza por la intervención de una Institución especializada de carácter permanente a la que las partes voluntariamente acuden encomendando la realización de una serie de funciones relacionadas con el arbitraje. Normativamente hablando, la Ley de Arbitraje de 1988 ya dio un paso hacia delante con la configuración del arbitraje institucional, pero ha sido la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, la que apuesta más fuerte por este tipo de arbitrajes administrados. Interés que se ha visto afianzado con la Ley 11/2011, de 20 de mayo de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado.
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