El presente trabajo trata de dar respuesta a diversos interrogantes: ¿Cabe la desigualdad en una sociedad democrática? ¿Justifica el ejercicio de una función pública un trato diferenciado? ¿Tiene o no una persona virtualidad para dejar de cumplir los deberes funcionariales que recaen sobre la misma por motivos religiosos o ideológicos? Tales cuestiones se conectan con una de las normas más polémicas de los últimos años, la Ley 13/2005, de 1 de julio de reforma del Código Civil, que previó la posibilidad de matrimonio entre personas del mismo sexo. Tomando como hilo conductor la Sentencia del Tribunal Supremo 1068/2012, de 20 de febrero, se expondrán las particularidades de aquellos que intervienen en la tramitación y en la celebración de los citados enlaces.
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