En el contexto de la actual crisis, las ayudas públicas a muchas entidades financieras suscitan el interrogante de cómo fue posible que sus auditores de cuentas -mayoritariamente pertenecientes a las firmas del oligopolio conocido como Big Four- pudieran haber emitido informes de auditoría sin salvedades antes y durante la crisis. El presente trabajo se propone analizar y valorar sucintamente cómo ha respondido la Unión Europea a esta problemática. En particular, se centrará la atención en la introducción de la rotación obligatoria de la firma auditora en la actual Propuesta de Reglamento sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público (2011), instrumento legislativo que una vez aprobado permitirá reforzar el marco normativo comunitario para dotar a la profesión de una mayor independencia de modo que se recupere la confianza por parte de los usuarios de la información financiera.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados