La sentencia del llamado «Caso Elpidio» (STSJ de Madrid 18/2014, de 6 de octubre) permite al autor examinar, con carácter general, la legitimidad de la exigencia de responsabilidad penal por la actuación de los jueces de instrucción. Además, se destaca el problema estructural que presenta la propia figura del juez de instrucción en la investigación penal. Y, seguidamente, se repara en la moderna jurisprudencia sobre el delito de prevaricación judicial y su aplicación a la reapertura injustificada de un procedimiento ya archivado, la realización de una inquisitio generalis o la adopción de medidas cautelares privativas de libertad.
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