La entrada en vigencia del Tratado de Lisboa le ofrece a la ciencia del Derecho penal la oportunidad de retomar algunos problemas que han sido descuidados por largo tiempo. Ella no debería concentrarse tanto en la discusión sobre la legitimación democrática de la Unión Europea o en el análisis de las normas de competencia, sino que más bien debería determinar con qué finalidad se pueden emplear las competencias. La necesaria racionalización de la política criminal europea requiere un debate sobre los fines de la pena. Dicho debate se puede basar en las teorías preventivas y retributivas que fueron elaboradas y discutidas en toda Europa desde el siglo XVII.
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