El propósito de este ensayo es analizar el papel del Estado mexicano en la implementación de la política migratoria en la nueva administración pública (ap) federal, de 2013 a 2014, a partir de un enfoque de gobernanza. El tema es pertinente porque el rol de México es fundamental en la regulación de los flujos migratorios y en la aplicación de una política eficaz de protección a los derechos humanos de los migrantes en su territorio, cuya violación ha aumentado en los últimos años. Este marco se contrastará con la política de seguridad fronteriza promovida por el gobierno de Estados Unidos y con el contexto de emergencia humanitaria que viven, en el triángulo norte centroamericano, los niños, niñas y adolescentes que emigran hacia países de América del Norte, el cual se agudizó en julio de 2014.
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