La reforma legislativa en materia penitenciaria (reglamento de 1996) pone las bases para entender la intervención educativa en prisiones como dinamizadora de la apertura de los centros penitenciarios a la comunidad. Apertura que incorpora un concepto de centro penitenciario en el que influyen un alto numero de prestaciones sociales (sanitarias, educativas...), que provenientes de distintas instituciones (de naturaleza publica o privada) actuaran con la finalidad de reeducación y reinserción social (que la constitución asigna como función a las penas de privación de libertad) y que en la practica supondrá la aparición de una compleja red de relaciones que modifica, cualitativa y cuantitativamente, las necesidades organizativas para responder a un centro penitenciario abierto.
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