Smart cities: una apuesta de la Unión Europea para mejorar los servicios públicos urbanos

• Helena Villarejo Galende ^[1]
  1. [1] Universidad de Valladolid

     Universidad de Valladolid

     Valladolid, España

     
• Localización: Revista de Estudios Europeos, ISSN-e 2530-9854, ISSN 1132-7170, Nº. 66, 2015, págs. 25-51
• Idioma: español
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• Resumen

  • La creciente urbanización genera enormes desafíos para las ciudades contemporáneas, principalmente, el de la eficiencia económica y la sostenibilidad medioambiental. Las iniciativas de smart city se orientan a dar solución a esos grandes retos mediante el recurso a las tecnologías y la innovación, y constituyen una oportunidad para que las ciudades se replanteen el modo en que prestan sus servicios a los ciudadanos. El presente artículo tiene como objetivo clarificar el todavía impreciso concepto de smart city, explicar la estrategia comunitaria para fomentar y desarrollar este tipo de iniciativas, así como analizar sus fuentes de financiación.

    De acuerdo con el Parlamento Europeo (2014), las ciudades inteligentes pueden ser identificadas y clasificados de acuerdo con seis ejes o dimensiones principales: smart governance, smart economy, smart mobility, smart environment, smart people, y finalmente, smart living. Por lo tanto, una ciudad puede ser definida como "inteligente" cuando las inversiones en capital humano y social y en infraestructuras de transporte y TIC contribuyen al desarrollo económico sostenible y a mejorar la calidad de vida, con una gestión racional de los recursos naturales, a través de un gobierno participativo.

    En 2012, la Comisión Europea puso en marcha una iniciativa específica para el desarrollo de las ciudades inteligentes denominada "Ciudades Inteligentes y Comunidades-Asociación Europea para la Innovación". Este programa ha aportado 365 millones de euros para ideas innovadoras y proyectos en el ámbito de la energía, el transporte y las TIC en las zonas urbanas. Estas iniciativas muestran el compromiso europeo con la sostenibilidad de nuestras ciudades.

    Asimismo se analizan en el artículo algunos de los principales retos jurídicos que el modelo plantea, especialmente en el ámbito de la contratación pública, desde la perspectiva jurídica de cómo mejorar prestación de los servicios públicos urbanos.