La integración de las organizaciones de consumidores y usuarios en el sistema español de seguridad alimentaria a la vista del Real Decreto 538/2015

• María José Plana Casado ^[1]
  1. [1] Universitat de Barcelona

     Universitat de Barcelona

     Barcelona, España

     
• Localización: Revista CESCO de Derecho de Consumo, ISSN-e 2254-2582, Nº. 17, 2016 (Ejemplar dedicado a: TRATADO DE LIBRE COMERCIO EEUU-UE; DIRECTIVA DE VENTA EN LÍNEA; CONSUMO COLABORATIVO; JURISPRUDENCIA SOBRE LA LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD; OTROS), págs. 169-178
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Role of Spanish consumer organizations in food safety after the approval of Royal Decree 538/2015
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• Resumen
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    Ante la creciente desconfianza de los consumidores en la capacidad y las motivaciones de las Autoridades Competentes en materia de seguridad alimentaria, las organizaciones internacionales recomiendan impulsar el papel de las organizaciones de consumidores y usuarios en la comunicación de información alimentaria, en tanto que estas entidades gozan de la confianza del consumidor.

    Sin embargo, en España la aprobación del Real Decreto 538/2015, de 26 de junio, por el que se regula la realización de estudios, informes y análisis comparativos sobre productos alimenticios (BOE nº 153, de 27/06/2015) ha puesto en evidencia las dificultades que existen para seguir estas recomendaciones debido al desencuentro entre poderes públicos y organizaciones de consumidores y usuarios.

    De ello trata el presente artículo que, a la vez, ofrece un contenido sucinto de la citada norma

  • English

    Consumers’ trust in the capacities and motivations of public authorities when it comes to ensuring food safety is currently declining dramatically. Because of this reality, international organizations recommend boosting the role of consumer organizations when dealing with communication of food information. However, in Spain the approval of Royal Decree 538/2015, 26 June, which regulates the preparation of studies, reports and comparative analysis on food products (BOE nº 153, de 27/06/2015) has shown that there are significant difficulties when trying to follow these recommendations because of the clash between public authorities and consumer organizations