De un tiempo a esta parte, las investigaciones y autos judiciales sobre casos de corrupción política vienen coincidiendo con las campañas electorales. Y la del 26-J tiene sus propios protagonistas; José de la Mata, instructor del caso Gürtel y los papeles de Bárcenas, que ha pedido al PP 1,2 millones de euros como responsable civil subsidiario por presunta financiación ilegal, y Álvaro Martín, que ha dictado un auto de procesamiento para Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la rama política del caso de los ERE. Populares y socialistas asisten preocupados al efecto que ambas decisiones puedan tener en las urnas y han sacado su artillería pesada contra los magistrados; el primero fue un alto cargo en la Administración de Zapatero, dicen unos. El segundo pertenece a una asociación conservadora, dicen los otros. Con el debate sobre su politización sin resolver, la Justicia entra de lleno en campaña.
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