El ambiente es un derecho colectivo protegido constitucional y legalmente. Existen diversos agentes que deterioran el medio ambiente, entre ellos, el uso del mercurio en la minería informal, generando como consecuencia la contaminación de los recursos hídricos que afecta la flora y la fauna acuática, ocasionando incluso daños a las personas (enfermedades) o a sus bienes, de donde surge el deber de reparación, derivado de la responsabilidad civil extracontractual del Estado, bien por la no adopción de medidas preventivas, por acciones tendientes a la suspensión de la actividad dañosa, por haber permitido la proliferación de explotaciones mineras ilegales o por omitir su deber de vigilancia.
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