La Administración de Justicia constituye un valor intangible en cualquier sociedad, toda vez que es la garante de la seguridad jurídica, imprescindible para el buen fin de cualquier conducta prolongada en el tiempo sea estrictamente económica o no-. La manera en la que los poderes públicos dividen el ejercicio de la jurisdicción entre los diversos órganos que la constituyen, delimitando a qué institución ha de competer su salvaguarda es un mundo de grises que puede -para un lego- suponer un auténtico laberinto. Cuanto más, nos encontramos en un tiempo de cambios que sólo por estar sucediendo en estos precisos momentos impide que el vértigo incapacite al operador que se encuentra -incluso sin saberlo- inmerso en los mismos.
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