En este comentario se aborda un fallo del Pleno del Tribunal Constitucional, la STC 237/2015, de 19 de noviembre de 2015, acerca de un proceso constitucional de carácter competencial en torno al equilibrio de la distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de contratación del sector público, en virtud del deslinde de lo básico y su traslación a las fronteras de los principios esenciales y rectores de aquélla.
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