En el Reino Unido existe desde el año 1977 una legislación que impone a las autoridades locales el deber de proveer de hogar a las personas sin hogar en ciertos supuestos y si se cumplen determinadas condiciones. Esta legislación se desarrolló paulatinamente desde las primeras obligaciones impuestas en la Ley de Asistencia Nacional de 1948, una ley del Parlamento del Reino Unido, hasta la primera ley dedicada a estos deberes, que tenía aplicación en Escocia, Inglaterra y Gales y que en las décadas siguientes a 1977 fue modificándose, con ciertas diferencias en Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte, ya que algunos de los parlamentos crearon sus propias leyes. Esta legislación es una de las pocas normativas europeas (siendo otras la más reciente Ley 3/2015 del País Vasco y la ley francesa DALO) que impone a los poderes públicos obligaciones de provisión de vivienda. Este artículo repasa la legislación para personas sin hogar del Reino Unido, señalando las diferencias entre Gales, Inglaterra, Irlanda del Norte y Escocia, y analiza la jurisprudencia, concluyendo que una mayor protección para las personas sin hogar es posible.
Since 1977 there is legislation in The United Kingdom that places duties on local housing authorities to provide housing to homeless people in certain cases and if they fulfill certain requirements. This legislation developed gradually since the first duties set in the 1948 National Assistance Act, an Act of the Parliament of the United Kingdom, to the first Act dedicated to these duties, that applied to Scotland, England and Wales and that in the decades following 1977 was modified, with certain differences in Scotland, Wales, England and Northern Ireland, since some of the parliaments created their own law. These acts are some of the few European acts (being others the more recent Ley 3/2015 in the Vasque Country and the French Act DALO) that place duties of housing provision on public authorities.
This article reviews the law for homeless people in the United Kingdom, noting the differences between Wales, England, Northern Ireland and Scotland, and analyses the case-law, concluding that a greater protection for homeless people is possible.
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