Se culpa a los abogados de obstaculizar o, al menos, ralentizar el uso de los métodos alternativos de solución de conflictos. La raíz de ese problema parece estar en que las Universidades no los han incluido en los planes de estudios de Derecho hasta hace pocos años, limitándose al estudio de métodos heterocompositivos. El desarrollo y uso de los métodos alternativos de solución de conflictos requiere de un cambio de cultura y entendimiento del valor añadido que las profesiones jurídicas aportan a la sociedad y, por supuesto, de su incorporación al contenido de los planes de estudios de las facultades de Derecho.
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