Ocurrió en España, durante década, en tiempos de Franco y después de Franco. El estado franquista creo una tupida red de instituciones para el control social de las mujeres: para las rebeldes y descarriadas, el encierro; para las madres solteras también el estigma. Carentes de derechos, de garantías, miles, decenas de miles de mujeres, aún sin cuantificar, vieron desaparecer a sus recién nacidos en instituciones privadas y públicas de muy diversa índole: cárceles, reformatorios, maternidades de beneficencia y a partir de los años sesenta hasta los ochenta, en clínicas privadas. Tales comportamientos fueron propiciados por un estado autoritario, dictatorial, jurídicamente carente de garantías para las personas que extendió la impunidad más allá de la propia dictadura y para el que las mujeres no eran sujetos de derecho. La denuncia de estos delitos de lesa humanidad y desapariciones forzosas –que persigue el derecho internacional, y que son permanentes e imprescriptibles– recobra protagonismo en el S XXI, cuando miles de víctimas reclaman ante los tribunales la intervención del estado y de la Justicia internacional.
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