Las entregas dinerarias sin contraprestación tras la modificación de la disposición adicional decimosexta de la ley general de subvenciones por la ley de régimen jurídico del sector público: Una cuestión pendiente de resolución

• Autores: Julio Díaz-Maroto Maqueda
• Localización: Gabilex: Revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha, ISSN-e 2386-8104, Nº. 8, 2016, págs. 112-151
• Idioma: español
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    La modificación de la disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, a través de la disposición final séptima de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ha supuesto la habilitación de las fundaciones del sector público como sujeto activo de la relación subvencional, poniendo en cuestión la noción tradicional de subvención como instituto jurídico reservado a las entidades públicas dotadas de potestades administrativas. Dicha modificación legal ha suscitado, asimismo, incertidumbre sobre el ámbito de aplicación que pueda atribuirse, tras la misma, a las entregas dinerarias sin contraprestación, como categoría de ayudas susceptible de aplicación por las fundaciones del sector público. Estas son las cuestiones que se abordan en el presente artículo, con la finalidad última de contribuir al debate sobre una cuestión que, al menos desde la perspectiva del derecho positivo, sigue pendiente de resolución, a falta de los desarrollos reglamentarios que puedan despejar las dudas suscitadas por el referido cambio legal

  • English

    The modification of the sixteenth additional provision of Law 38/2003 of 17 November, general of subsidies, through the seventh final provision of Law 40/2015, of October 1, the legal regime of the public sector, has of course enabling the foundations of the public sector as an active subject of subvencional relationship, calling into question the traditional notion of subsidy as reserved public entities of administrative powers legal institution. Such legal change has also caused uncertainty about the scope of that can be attributed after it, to monetary deliveries without consideration, as a category of susceptible aid application by the public sector foundations. These are the issues addressed in this article, with the ultimate aim of contributing to the debate on an issue that, at least from the perspective of positive law, still pending, in the absence of regulatory developments that may dispel doubts raised by that legal change.