Las empresas europeas han tenido que pagar a Estados Unidos un botín de más de 40.000 millones de dólares (38.500 millones de euros) durante estos últimos años. La Justicia estadounidense les acusa de no respetar las sanciones decididas por Washington (y no por Naciones Unidas) contra algunos Estados. El derecho se convierte entonces en un arma para absorber o para eliminar a la competencia.
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