Sea por convencimiento o por exigencia de la situación económica que se viene padeciendo desde 2008, o seguramente por ambas cosas, lo cierto es que el modelo de desarrollo urbanístico español ha girado en los últimos tiempos hacia la contención sobre la base de las exigencias derivadas de un desarrollo urbano más sostenible. Destaca, en particular, la atención dispensada por el legislador a la cuestión energética y, en concreto, su preocupación por fomentar, impulsar y garantizar un mayor ahorro y eficiencia energéticas en el medio urbano español. No cabe duda de que son propósitos loables, irrenunciables incluso, que habrán de conciliarse, no obstante, con la polémica y contestada reforma normativa efectuada en materia de energías renovables, que ha invertido por completo su régimen regulatorio y las medidas de fomento y de promoción vigentes hasta el momento.
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