Las recientes, y cada vez más frecuentes, crisis del sector agro-alimentario demuestran la impunidad con la que se producen los fraudes y lo difícil que resulta su persecución legal, cuando se sitúa el lucro económico por encima de los derechos de los consumidores. Con la minimización de los problemas de salud pública a través de campañas mediáticas se pretende que el ciudadano calle y siga consumiendo.
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