En este trabajo se examina el instituto de la rehabilitación de los funcionarios que han perdido su condición de tales por haber sido condenados, por sentencia firme, a una pena de inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público. Se analizan los aspectos formales básicos del procedimiento administrativo que desemboca en la decisión de conceder o denegar la rehabilitación y, a la luz de la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, los criterios materiales que deben tomarse en consideración para adoptar aquella decisión. Se concluye que la rehabilitación es un instituto de aplicación excepcional, mientras que la norma general de retorno a la función pública debe ser la participación en los procedimientos de ingreso correspondientes.
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