La imposición de la privación de la patria potestad por sentencia penal ha generado, hasta fechas relativamente recientes, cierta controversia sobre su admisión. Así, se ha rechazado dicha opción en aplicación estricta de las reglas de jurisdicción, entendiendo que se trata de una medida propia del orden civil. Por su parte, la reforma del Código Penal de 2010 ha incluido la misma en dicha regulación, eliminando con ello el obstáculo derivado de su ausencia y de la consiguiente aplicación del principio de legalidad penal. En este trabajo, analizamos la imposición de esta pena de privación por el Tribunal Supremo en una reciente sentencia, en la que se estudian los presupuestos exigidos para su imposición.
The imposition of deprivation of parental rights by criminal judgement has generated, until relatively recent dates, some controversy over its admission. Thus, that option has been rejected in strict application of the rules of jurisdiction, in the understanding that, in itself, it is a measure of civil order. Meanwhile, the reform of the Criminal Code of 2010 has included it in that regulation, thereby eliminating the obstacle created by its absence and the consequent implementation of the principle of criminal legality. In this paper, we analyze the imposition of the penalty of deprivation by the Tribunal Supremo (Supreme Court) in a recent judgment, in which the assumptions required for its imposition are studied.
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