El presente trabajo analiza la vigencia de la prerrogativa de la Administración Pública que permite a esta acordar la resolución de los contratos administrativos en caso de apertura de la fase de liquidación del concurso de acreedores de la sociedad concesionaria. En particular, se aborda la cuestión de la jurisdicción competente para acordar tal resolución.
This paper analyses the validity of the prerogative of the Public Sector that enables it to resolve the administrative contracts in case the winding-up of the licensee is opened. In particular, the judicial competence to declare said resolution is discussed.
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