El Informe Anual (2016) del Defensor del Pueblo pone una vez más de manifiesto que la Hacienda Pública, y sus distintas Administraciones, debe intensificar sus esfuerzos para atender suficientemente la necesidad que tienen los contribuyentes de ser asistidos, más y mejor, a la hora de cumplir con el deber de contribuir a la financiación del gasto público. Las Administraciones Tributarias están obligadas por Ley a desarrollar una actividad más eficiente de autocontrol de sus errores y rigideces para que quienes con lealtad constitucional, cumplen o quieren cumplir correctamente sus obligaciones tributarias, no soporten más cargas materiales y formales que las procedentes en Derecho. El Poder Ejecutivo, antes de que tenga que mediar el Poder Legislativo, debe velar por la integridad y pleno respeto de principios básicos tales como la seguridad jurídica, la capacidad de pago, la confianza legítima.
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